Veneranda Mendoza Herrera.
16 de mayo de 2014. Multas que van de los 15 días a los 6 meses de sueldo
base, suspensiones de 3 a
30 días sin goce de sueldo, inhabilitaciones de 6 meses a 8 años y remociones para
los mandos que omitan sancionar o dar cuenta de las anomalías arrojadas por los
exámenes de control de confianza, son las sanciones previstas en las reformas a
la Ley de
Seguridad promovidas por el Ejecutivo estatal y remitidas por la Diputación Permanente
a las comisiones de dictamen.
La
propuesta contempla sanción económica de quince días a seis meses del total del
sueldo base presupuestal asignado, cuando se omita verificar que los elementos
policiales o servidores públicos subsanen las restricciones que se señalaron en
la evaluación aprobada.
Se
concretará la suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, por
un periodo no menor de tres días ni mayor a treinta días, cuando se omita
solicitar al Centro las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia
de los elementos policiales o servidores públicos.
Aplicará
la destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público por un período no menor de seis meses ni mayor a ocho años,
cuando no se solicite a la
Comisión de Honor y Justicia competente, la instauración del
procedimiento correspondiente en contra del elemento policial o servidor
público que no haya presentado o aprobado las evaluaciones de control de
confianza.
La
remoción se impondrá, de igual forma, cuando no se ejecute la separación
impuesta con motivo de la resolución correspondiente, a los elementos de la
institución policial y a los servidores públicos que no hayan aprobado las
evaluaciones de control de confianza; y cuando se incurra en reincidencia en
las omisiones.
Aunque
no fue convocado el periodo extraordinario para desahogarla, tentativamente se
realizará la semana próxima, cuando se analice en comisiones, dictamine y vote
en el pleno, en virtud del compromiso asumido por los tres Poderes del estado
para darle celeridad ante la urgencia de implementar todas las medidas que
contribuyan a abatir los índices delictivos.