Veneranda Mendoza Herrera.
23 de mayo de 2014. Actores
electorales del estado de México advirtieron que la armonización de la reforma
política implica un gran reto a la Legislatura local, debido a las grandes y
contantes lagunas jurídicas federales que imposibilitan las candidaturas
ciudadanas, no establecen montos de financiamiento para las campañas de
alcaldes, incrementan el financiamiento a los partidos y no contemplan la
fiscalización en tiempo real.
Al participar en el foro “Reformas
Impostergables en materia electoral en el estado de México”, organizado por el
diputado Octavio Martínez Vargas con el objetivo de no realizar una reforma
política local al vapor, Juan Carlos Villarreal, consejero del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM); Hernán Mejía, titular del Órgano Técnico
de Fiscalización del mismo organismo; el ex consejero Bernardo Barranco y Juan
Carlos Silva, presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), coincidieron en que la tarea parlamentaria
es grande porque subsisten lagunas importantes.
Villarreal Martínez advirtió que es una
reforma incompleta, pues están pendientes por aprobarse la Ley Anticorrupción, la
Ley que Regula la Contratación en Medios de Comunicación, y la Ley
reglamentaria del artículo 134, pero se tiene poco tiempo para resarcirla.
Para fiscalizar los recursos de partidos y
candidatos, desde su punto de vista, era necesario obligar la intervención de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) a fin de garantizar que los
informes y resultados no se manipulen.
También advirtió que las candidaturas
independientes prácticamente son inoperantes, pues los requisitos y candados para
que procedan requiere dos por ciento de la lista
nominal y cerca de 11 mil firmas de respaldo.
Si bien la ley prevé la atracción de
elecciones locales por parte del INE cuando presuma imparcialidad, para que así
ocurra es necesario el voto de 8 de los 11 consejeros, de tal forma que “deben
ponerse de acuerdo dos partidos políticos” para reunirlos.
Mientras, Mejía López destacó que no se
reducen los costos democráticos con la nueva legislación, debido a que se
incrementa en 65 por ciento el financiamiento público local para gastos
ordinarios y éste es la base para estimar gastos de campaña.
“El financiamiento público para la campaña de
gobernador o diputados federales será equivalente al ordinario más 50 por
ciento (en lugar del doble, como se encuentra establecido); para la contienda de diputados locales el gasto de
campaña será 30 por ciento superior al ordinario, pero hay un vacío para la elección
de ayuntamientos, de tal manera que es una buena oportunidad para reducir los
costos democráticos en el estado de México”, confió.
Aunque la Comisión de Fiscalización del INE se
integrará por 5 consejeros, explicó, ahora
deberá revisar los ingresos y gastos de candidatos en 300 distritos federales, más
de 2 mil 500 municipios y más de 400 distritos locales, lo que aumenta su carga
de trabajo.
Si bien se implementa la fiscalización en
línea, lo que además complica la obtención de facturas electrónicas en zonas
rurales, prosiguió, no se establece la obligatoriedad del tiempo real ni la de
los partidos para manejar chequera única, con lo que complica la revisión. En
contraste, los candidatos independientes están obligados a aperturar una asociación
civil y una chequera única.
“A nivel local se deben generar procesos más
generosos para que este principio de máxima publicidad, transparencia y
rendición de cuentas fomente el cumplimiento de la norma y no su evasión,
simulación o defraudación”, expuso.
También recordó que desde 1996 en la entidad
se tiene el mismo modelo de distritación, que se traduce en una violación
constitucional fundamental que favorece la inequidad representativa, pues hay
distritos con menos de 120 mil electores como Santo Tomás de los Plátanos y de
más de un millón, “pero es atribución del INE y ojalá para 2018 sea una
realidad”.
En materia de delitos electorales, expuso, la
reforma obliga a la Legislatura a crear al menos una Fiscalía Especializada,
pero sería mejor una Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México (TSJEM) que sancione principalmente las faltas relacionadas
con el mal manejo del dinero, cohecho, soborno.
Por su parte, Bernardo Barranco, alertó que “si
no hay pluralidad de actores políticos para procesar las adecuaciones, la
reforma será un fracaso” que repercutirá en el proceso electoral de 2015.
También destacó que las modificaciones
adolecen de la participación y beneficio ciudadanos.
Lejos de suprimir la ambición de los
gobernadores por intervenir, dijo, los Institutos Electorales Locales
resultarán castigados, subordinados y burocratizados.
De igual manera, adelantó que bajo el esquema
diseñado, el INE corre el riesgo de saturarse, sobrecalentarse y llenarse de
conflictos.
“En el estado de México el gran riesgo es que
se propicien más conflictos con menos capacidad de respuesta, la de un Instituto
local es mucho mayor”, expuso.
Por eso, al pensar en armonizar la ley, apeló
a la voluntad de todos los actores para tener elecciones austeras, autoridades
con calidad moral, evitar el derroche y la soberbia.
“No basta con que haya certeza jurídica; hay
que compaginarla con certeza ética y valores que le den calidad moral al
ejercicio”, agregó.
