Veneranda Mendoza Herrera.
13 de mayo de 2014. 32 mil millones de pesos genera al año la
trata de personas en todo el país, por lo que la activista Rosy Orozco hizo
un llamado a los legisladores del estado de México para que revisen las leyes
que permitan que no exista más impunidad en lo que se considera la moderna
esclavitud, y realicen adecuaciones para proteger a las víctimas.
80
por ciento de las víctimas de Trata, refirió, son utilizadas para el trabajo
sexual, donde también 80 por ciento corre el riesgo de morir de forma violenta
a manos de un cliente ocasional.
Tras
participar en el foro “Inseguridad en el Edomex, Una visión propositiva”, la
activista reconoció que el Gobierno del estado de México y la Legislatura
mexiquense han sido sensibles con la necesidad de combatir y erradicar la trata
de personas.
Tan
es así, que ha aprobado reformas, implementado operativos y destinado recursos
públicos para el combate de este ilícito.
Sin
embargo, advirtió que el camino aún es largo y se requieren más herramientas
legales y de gobierno para proteger a las víctimas, brindarles alternativas de
vida y sancionar a quienes cometen este delito.
“En
el estado de México los legisladores de todos los partidos lucharon por esos
recursos… el procurador ha atendido a los familiares de las víctimas… los
verificadores de Saluda se han capacitado y mostrado mucho valor al revisar más
de 700 giros negros y rojos”, confió.
Por
su parte, la maestra Angélica Garnica hizo un llamado a las autoridades para
que frenen la proliferación de giros negros en torno a los planteles educativos,
pues constituyen para los estudiantes una fuente de violencia, presencia de
drogas, prostitución, etc.
Incluso,
advirtió que la vigilancia debe implementarse al interior de los planteles
educativos, incluidos los autónomos, debido a que ya no son seguros, como quedó
claro tras el asesinato de un estudiante de la UAEM en el plantel Ecatepec.
Dentro
de las escuelas, advirtió, también existe consumo de alcohol, extorsión al alumnado
y docentes, riñas, robos de material o inmobiliario, y hasta homicidios por
relación sentimentales.
Por
esta razón, Garnica se sumó al llamado a los diputados, a los gobiernos
municipales y estatal, para trabajar en coordinación con las instituciones de
educación a fin de frenar estos hechos.
